El Consejo de Ministros ha aprobado el pasado 24 de agosto el Proyecto de Ley de Actualización, Adecuación y Modernización del Sistema de Seguridad Social que contiene una serie de medidas en materia de Pensiones que fueron acordadas con CCOO, UGT, CEOE y CEPYME el pasado 1 de julio. Las más importantes son:
- La actualización de las pensiones al IPC anual
- Medidas para alargar la vida laboral mediante penalizaciones a la jubilación voluntaria e incentivos para reengancharse una vez cumplida la edad legal de jubilación.
El apartado más controvertido, el llamado factor de sostenibilidad (que vincula las cuantías de las pensiones a la evolución de la esperanza de vida o factores demográficos) ha quedado pendiente de la negociación en noviembre, teniendo en cuenta que si no se alcanza un acuerdo será el gobierno quien lo establezca unilateralmente antes de remitir todo el texto al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria en la segunda semana de noviembre.
Más allá de la propaganda de los avalistas de estas medidas, es preciso recordar el papel jugado por la movilización de los pensionistas, especialmente en Euskadi. Pues gracias a ellos en 2018 el PNV forzó al Presidente Rajoy a incrementar las pensiones según el IPC y a aplazar hasta 2023 la entrada en vigor del factor de sostenibilidad.
Según afirma la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones la reforma que se inició en 2011 con el Acuerdo del Gobierno y CCOO, UGT, CEOE y CEPYME, para alargar la vida laboral hasta los 67 años, se basa en la falsa premisa de que las pensiones no son sostenibles, en contra de serios estudios presentados por CCOO en el Pacto de Toledo y por Economistas Frente a la Crisis:
Para demostrar este argumento desde COESPE se solicita una Auditoria de las Cuentas de la Seguridad Social, pues afirman España gastó en otras cuestiones más de 103.690 millones de euros que pertenecían a la hucha de las pensiones.
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Según declaraciones de ERC, PNV y EH Bildu, el Gobierno del PSOE-Unidas Podemos no cuenta con los apoyos suficientes para aprobar esta reforma que pretende alargar la vida laboral (a pesar que España es el país de Europa con más paro juvenil) y reducir la cuantía de la pensión, provocando mayor desigualdad social.
Sin duda, será la movilización social generada desde la conciencia del alcance real del problema (no desde la propaganda de los avalistas) la que determinará la posición del legislativo a la hora de aprobar esta ley.
Debemos tener presente lo ocurrido en Francia en 2020 cuando el presidente Macron propuso aumentar la edad de jubilación y los sindicatos, y un importante sector de la sociedad francesa, mantuvieron 38 días de huelga que finalmente sirvieron para que se retirase esa propuesta. En 2023, con 64 años se podrá acceder a una pensión de jubilación plena, frente a los 67 de España. Esa es la diferencia entre la movilización y la desmovilización.