Durante el mandato de Javier Lambán la temporalidad en la DGA ha subido diez puntos y este año ha alcanzado ya el 49,6% de la plantilla. Es una situación insostenible que perjudica la prestación de los Servicios Públicos a los ciudadanos y ciudadanas, como consecuencia de la precarización de las condiciones de trabajo de miles de personas.
