Celebramos este 1º de mayo en una situación de incertidumbre, propiciada por los dos años de pandemia que venimos sufriendo y la irrupción de un nuevo conflicto sociopolítico internacional que ha derivado en una nueva guerra.
Las consecuencias de ambas cuestiones las está volviendo a pagar la clase trabajadora, con sus condiciones de existencia y con su propia vida.
Las medidas que se han articulado para paliar los graves efectos sociales de la pandemia no han sido suficientes, cuestiones como el Ingreso Mínimo Vital, no está dando solución a los millones de personas que peor lo están pasando. Tampoco se ha aprobado una ley que garantice de verdad el derecho a la vivienda, que termine con el drama de los desahucios, y que acabe con los gravísimos problemas de las personas sin hogar viviendo en la calle.
Por otro lado, a pesar del denodado esfuerzo del personal sanitario durante toda la pandemia, y de los aplausos en los balcones homenajeando su buen hacer, no se ha hecho nada para fortalecer un servicio tan imprescindible, ni tan siquiera para frenar el deterioro de la sanidad pública, especialmente la atención primaria, ni para solucionar el abandono a que está sometida la atención a la salud mental.
Tampoco se ha hecho nada para mejorar la educación pública, ni para abordar de manera eficiente los problemas del personal público en abuso de temporalidad, ni para frenar la destrucción de empleo público, ni para regenerar el tejido industrial que nos saque de la dependencia del turismo, ni para garantizar un futuro digno a la juventud.
No se ha apostado por la investigación, el desarrollo y la innovación, ni por una descarbonización real que detenga el grave cambio climático que estamos sufriendo. La falta de una apuesta clara por priorizar los medios de transporte medioambientalmente sostenibles, a pie, en bicicleta y en tren, supone seguir dando oxígeno a los medios de transporte que más gases de efecto invernadero emiten, los que utilizan energías fósiles que se encuentran también detrás de la actual crisis económica y de la enorme carestía de la vida. Hoy, más que nunca, se hace necesaria una revisión en profundidad de nuestra forma de vida, por el bien de la humanidad y del propio planeta.
Los miles de millones del Plan de Recuperación Next Generation están siendo destinados en su mayor parte a las empresas, mientras centenares de miles de solicitudes de IMV son rechazadas o resueltas con ridículas cantidades de unas pocas decenas de euros, mientras se continúa desahuciando a la gente de sus casas, o mientras se anuncia un desmesurado incremento del presupuesto para el Ministerio de Defensa.
Lo que está sucediendo es un fraude, que socava las esperanzas de la clase trabajadora, si cuando gobierna la derecha recortan nuestros derechos y cuando gobierna la izquierda no se atreven a recuperarlos, ni a lograr una mejor calidad de vida, la esperanza desaparece. Mientras tanto, la extrema derecha sigue ganando protagonismo y poder, amenazando gravemente las conquistas del movimiento feminista, el terrorismo machista sigue matando mujeres cada día y el oscuro horizonte del autoritarismo más rancio ocupa cada vez más puestos en las instituciones.
En el plano laboral, han aprobado una nueva reforma laboral que supone un incumplimiento del programa de gobierno, que no deroga las reformas laborales de 2010 y 2012, que supusieron una importante pérdida de derechos para la clase trabajadora y que no son recuperados.
Es una aceptación del marco neoliberal, impuesto por Bruselas, y de la reforma del PP avalada por la CEOE, por parte de los partidos del gobierno junto a CCOO y UGT, que anunciaron que la derogarían. Es un acuerdo que, bajo el paraguas de histórico, no atiende a las demandas de la mayoría social sino a los intereses de la patronal y de los dos sindicatos que vuelven a seguir las tesis patronales y los intereses del lobby financiero.
La excusa de reducir la temporalidad se convierte en una falacia desde el momento que no se recuperan los 45 días de indemnización, no se endurecen las causas del despido, ni se recuperan los salarios de tramitación, ni se recupera la posibilidad de optar por la reincorporación al trabajo o la indemnización en el despido improcedente. Es barato despedir y solo se camufla temporalmente cambiando el nombre del contrato. Y sin embargo, esa excusa de la reducción de la temporalidad, no les lleva a adoptar medidas firmes y contundentes que terminen con el sufrimiento que están padeciendo cientos de miles de personas de la administración pública en abuso de temporalidad.
No existen restricciones al uso de los ERE y los ERTE a empresas con beneficios, trasladando la carga económica a las arcas del Estado, ni es necesaria autorización administrativa o acuerdo con la representación del personal para poder implantarlos. Asimismo, conserva la facultad de las empresas de modificar unilateralmente las condiciones de trabajo sin necesidad de autorización o acuerdo con la representación del personal.
Y todo ello con el beneplácito de los sindicatos al servicio del sistema. Por ello, desde la Confederación Intersindical hemos impulsado un movimiento sindical alternativo estatal para mantener viva la reivindicación de la derogación integra de las reformas laborales de 2010 y 2012, como la mejor manera de recuperar todos los derechos que nos han arrebatado.
Y a todo ello, se suman ahora las tensiones geopolíticas que han provocado una guerra cruenta, tomando partido por el envío de armas y el aumento injustificado de las partidas presupuestarias del Ministerio de Defensa, mientras que los precios de la bolsa de la compra, las facturas de la luz, el gas y los combustibles se disparan hasta límites insostenibles, empobreciendo aún más a la población.
Las guerras son el máximo exponente del sometimiento de los pueblos a determinados poderes políticos y económicos, que no dudan en cometer todo tipo de atrocidades para conseguir sus fines.
La incertidumbre de la evolución de los acontecimientos, la desproporcionada carestía de la vida que estamos padeciendo, la inacción de los gobiernos central y autonómicos para proteger real y eficientemente a la población, la pasividad ante la grave crisis climática, la lacra de las violencias machistas, los retrocesos en derechos y libertades, el auge de la extrema derecha y la generalizada desmovilización social, sitúan este primero de mayo en una situación de excepcionalidad, que debe hacer reflexionar, al conjunto de la clase trabajadora, sobre la necesidad de reaccionar de manera contundente.
Desde la Confederación Intersindical, este 1º de mayo, nos ratificamos en nuestro compromiso de defensa de los intereses de la clase trabajadora y en nuestra voluntad de ser la herramienta útil para su consecución.