Todos los grupos de la Cámara Alta han aprobado una moción planteada por el PAR, con el asesoramiento del sindicato aragonés, que insta a modificar el Estatuto del Empleado Público y dar “respuestas legales de estabilización de los empleados públicos”, tras la decisiva sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obliga a acabar definitivamente con el empleo precario en la Administración
El problema afecta al personal de las Administraciones Públicas dedicado a cubrir necesidades permanentes bajo un contrato temporal. En toda España son unos 800.000 trabajadores y en la DGA el número de interinos alcanza casi el 50 % de la Administración
“Las Cortes de Aragón deben tomar cartas en el asunto aprobando una nueva Ley de Función Pública que sancione el abuso y establezca un régimen transitorio para consolidar a los trabajadores en fraude de ley”, subraya ISTA-STEPA. En otras comunidades como Cataluña, Andalucía, Navarra o el País Vasco ya se están estudiando iniciativas de este tipo
(Martes, 13 de octubre de 2020). El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón, integrado en la Intersindical de Aragón (STEPA-ISTA), ha mostrado su satisfacción por el apoyo logrado en el Senado a sus reivindicaciones para dar una solución legal al abuso de la temporalidad en el sector público. La Comisión de Función Pública ha aprobado este martes por unanimidad una moción presentada por el senador del Partido Aragonés (PAR), Clemente Sánchez-Garnica, elaborada con el asesoramiento del sindicato aragonés, que supone el primer paso para dar una solución legal al abuso cometido por los poderes públicos al cubrir con personal interino plazas que atienden a necesidades permanentes.
Este recurso se sanciona en el sector privado, pero está ampliamente extendido en el sector público. Según los datos de la EPA son 800.000 los trabajadores públicos (profesores, sanitarios, administrativos…) que se encuentran en esta situación y en el caso de la Diputación General de Aragón, más de un 40 % de los trabajadores públicos ocupan puestos temporales. El pasado marzo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentenció que todo el personal dedicado a cubrir necesidades permanentes bajo un contrato temporal se encuentra en situación de abuso y obliga tanto a acabar con esta práctica como a compensar a los interinos que durante años han sido víctimas de este fraude legal.
Tras aceptar el proponente una enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, el texto aprobado insta al Gobierno a tres compromisos: impulsar una “reforma consensuada del Estatuto Básico del Empleado Público, que ofrezca respuesta a la Sentencia del TJUE y demás jurisprudencia relativa a lo establecido en Directiva 1999/70/CE”; “reducir la temporalidad en las administraciones públicas, previo diálogo con las Comunidades Autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias, para dar respuestas legales de estabilización de los empleados públicos”; e “impulsar los cambios legislativos oportunos para evitar que se generen nuevas bolsas de empleo temporal”.
Desde STEPA-ISTA se resalta la importancia de que la moción señale expresamente que se debe “dar respuesta” a la sentencia del TJUE. El sindicato destaca que sentencias en distintos Juzgados están ya declarando en fraude de ley los contratos temporales de larga duración, pero que al tratarse de un problema estructural, que se padece en todas las Administraciones, debe ser abordado desde las Cortes “y no tener que obligar a los afectados a denunciar cada caso a la americana”.
A la vez, el sindicato incide en que la mejor solución a la obligada compensación a los interinos que han sido víctimas de esta situación es su conversión en personal indefinido. El senador Clemente Sánchez-Garnica ha defendido también este sistema en su intervención en la votación, señalando que suma ventajas como el nulo coste para las arcas públicas o la efectividad para los ciudadanos que supone mantener en sus puestos a trabajadores experimentados. También el portavoz del Grupo Izquierda Confederal, Carles Mulet, ha apoyado este sistema.
El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón ha subrayado también que todos los grupos en el Senado en sus intervenciones han coincidido tanto en reconocer la necesidad de dar una pronta solución al problema de los interinos y reducir la temporalidad, como en reconocer la labor de estos profesionales. Así, el senador aragonesista ha destacado de esta moción que supone”una buena noticia para poner el problema en la mesa del Gobierno” y que el texto aprobado “no es la solución, pero sí inicio del camino”
De la misma manera ISTA-STEPA ha pedido que las Cortes de Aragón se adelanten ya y “tomen cartas en el asunto aprobando una nueva Ley de Función Pública que sancione el abuso y establezca un régimen transitorio para consolidar a los trabajadores en fraude de ley”, como ya se está haciendo en comunidades como Cataluña, Andalucía, Navarra o el País Vasco.